Carmena aprueba el plan que ilegaliza el 95% de los pisos turísticos de centro

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles el Plan Especial de Hospedaje (PEH) con el voto a favor de Ahora Madrid y el PSOE y el rechazo del Partido Popular y Ciudadanos. Esta iniciativa, que obtuvo ya el visto bueno la semana pasada en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), persigue impedir la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, una problemática que afecta sobre todo al distrito Centro. Su aprobación podría afectar al 95% de los alojamientos que se ofertan en los distritos más céntricos de la capital en plataformas como Airbnb y Homeaway.

La aprobación de este plan ha contado precisamente con el rechazo de plataformas como Airbnb y de propietarios de estos inmuebles, que este miércoles han acudido al pleno con camisetas que pedían regulación pero no prohibición, mientras que en la tribuna de invitados también estaban presentes los vecinos que apoyan las restricciones.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha explicado que Madrid no tiene un problema de masificación turística como ocurre con otras capitales como Amsterdam, pero actúa cuando tiene "margen de maniobra" para evitar un fenómeno que termina con el turismo de calidad y que ha obligado a instalar tornos para acceder al barrio rojo de Amsterdam o a Venecia.

Además, ha señalado que es necesario actuar porque "en el barrio de Sol hay durante todo el año dos turistas por cada residente". "Esto se llama turistificación, gentrificación, pérdida de identidad y lo que queremos en Madrid, y como patriotas madrileños deberían apoyarnos, es preservar la identidad de los barrios, también del centro", ha añadido Calvo.

El objetivo prioritario es preservar el uso residencial de las viviendas en el centro de la ciudad. Para ello se cree necesario frenar la tendencia de conversión de pisos en alojamientos temporales para turistas. El plan busca además que la actividad del hospedaje se extienda a otras zonas de la ciudad, redistribuyendo la actividad económica y descargando la concentración del centro.

No. Solo afectará a los distritos que están dentro de la M-30). Este Plan Especial divide la almendra central en tres anillos concéntricos establecidos en función de la saturación de alojamientos turísticos en cada zona. El primer anillo coincide con los límites del distrito de Centro; el anillo 2 comprende el distrito de Chamberí completo y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca. El tercer anillo se extiende a barrios de los anteriores distritos, a los que se suman otros barrios de Tetuán, Usera, Carabanchel y Latina. En el resto del municipio, se mantiene la regulación actual.

La principal novedad para los alojamientos turísticos que compartan edificio con otras viviendas de uso residencial es la exigencia de que cuenten con un acceso independiente. En el caso de los anillos 1 y 2, a esta exigencia se añade la condición de que ese acceso no sea directo desde la calle a los alojamientos, sino que previamente debe contar con una recepción o similar. Además, el alquiler de particulares se limita a 90 días al año, el periodo máximo para no ser considerado un negocio.

Sí, pero una vivienda que se alquile durante más de 90 días al año está desarrollando una actividad comercial y, por tanto, no puede continuar con un uso residencial sino que debe solicitar una licencia de uso terciario, concretamente de hospedaje.

Este plan supondrá que el 95% de las viviendas que en la actualidad operan en estas zonas serían ilegales. Al no cumplir con el requisito del acceso independiente, estos pisos no pueden obtener la licencia necesaria para operar más de tres meses al año.

En la ciudad de Madrid, hace poco más de un año, se ofertaban unos 10.400 apartamentos completos a través de plataformas como Airbnb, según una investigación de la Universidad de Alcalá. De esa cifra, el 62% de esas viviendas se concentraban en el distrito Centro. Estos números coinciden a grandes rasgos con los cálculos que hace el Ayuntamiento de Madrid.

Para la sustitución del uso residencial por uso de hospedaje en edificios completos (con el objeto de implantar un hotel u otro establecimiento similar), el nuevo plan prácticamente elimina la posibilidad de implantación directa, siendo necesario contar con un plan especial que estudie el impacto en el entorno y que debe ser aprobado previamente por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid y posteriormente por el Pleno municipal.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que "no hay ningún vecino que quiera que al lado haya este tipo de vivienda", por lo que "hay que hacer una regulación que debe partir no de expulsar el 95% de viviendas, sino desde la calificación de viviendas como actividad de carácter terciario". Por su parte, su homónima en Ciudadanos, Begoña Villacís, ha asegurado en Telemadrid que lo que está proponiendo Ahora Madrid para los pisos turísticos es "ilegal". "Nosotros queremos regular, pero no de esta manera. Hay falta de profesionalidad", ha añadido Villacís, quien también ha manifestado recientemente que buscará "fomentar el turismo de calidad" porque "no quiero que Madrid se convierta en Salou". 

Las asociaciones de propietarios de pisos turísticos mantienen su lucha en los tribunales contra el plan. La Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos y Vacacionales de Madrid (Asotur), que representa a un millar de propietarios y a una veintena de grandes empresas profesionales, ya ha demandado al Ayuntamiento de Madrid al considerar que el plan invade las competencias de las comunidades autónomas. Otra asociación de pequeños propietarios, Madrid Aloja, también ha anunciado que demandará al Consistorio. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha impugnado la normativa municipal argumentando que la norma es "contraria a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios". 

El Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias en materia de regulación de viviendas turísticas, ya que estas corresponden a la Comunidad de Madrid, que última en estos momentos la aprobación de un nuevo decreto. En lo que sí puede intervenir el Gobierno municipal es la concesión de licencias municipales de actividad.

El Ayuntamiento aprobó en febrero de 2018 una moratoria que impedía la tramitación de licencias. En paralelo, la administración local puso en marcha una campaña de inspección. El resultado ha sido el cese de actividad de hasta 502 pisos turísticos de la capital que operaban sin contar con la pertinente licencia después de realizar casi 12.000 inspecciones en seis meses (del 23 de julio de 2018 al 22 de enero de este año).